Residentes cerca de edificio de ICE logran orden que limita uso de gas lacrimógeno
PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Una jueza federal en Oregon limitó el viernes el uso de gas lacrimógeno por parte de agentes federales durante protestas en un edificio federal de inmigración en Portland, como parte de una demanda presentada por un complejo de viviendas asequibles contiguo tras meses de exposición repetida.
La jueza de distrito Amy Baggio dictó la orden judicial preliminar tras una audiencia celebrada el mes pasado en la que residentes del complejo describieron síntomas físicos y psicológicos que iban desde dificultad para respirar, tos, ardor en los ojos y urticaria, hasta ansiedad y ataques de pánico. Algunos declararon que usaban máscaras antigás en sus propias casas.
El caso coincide con la creciente preocupación por el uso de tácticas agresivas de control de multitudes por parte de agentes federales, mientras en ciudades de todo el país se convocaron manifestaciones contra la campaña migratoria impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump.
En su opinión, Baggio señaló que el caso no trataba sobre los derechos de los manifestantes, sino sobre las denuncias de los residentes en el edificio de apartamentos Gray’s Landing de que el uso de municiones químicas por parte de agentes federales durante las protestas “ha sido tan excesivo, tan envolvente, que viola los derechos de los demandantes”.
“La Corte reconoce que una orden judicial preliminar es un remedio extraordinario, pero este es un caso extraordinario”, escribió.
Su orden prohíbe a los agentes el uso de municiones químicas en cantidades que probablemente alcancen Gray’s Landing, que está en la esquina opuesta a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), a menos que sea necesario para responder a una amenaza inminente contra la vida.
En otra demanda presentada por ACLU Oregon en nombre de manifestantes y periodistas independientes, un juez emitió una orden de restricción temporal que limita el uso de gas lacrimógeno por parte de los agentes durante las protestas en el edificio. El magistrado está valorando si concede una orden judicial preliminar en ese caso.
El administrador del edificio residencial y varios de los inquilinos denunciaron al gobierno federal en diciembre alegando que el uso de municiones químicas viola el derecho de los residentes a la vida, la libertad y la propiedad al enfermarlos, contaminar sus apartamentos y confinarlos en el interior.
“Esta decisión protege la salud y la seguridad básicas y el derecho a vivir en el propio hogar sin temor a que el gobierno use armas químicas”, señaló Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, una organización legal sin fines de lucro que representa a los demandantes, en un comunicado el viernes. ”Los residentes no deberían resultar perjudicados simplemente porque viven junto a un lugar de protesta pública”.
Los demandados, que incluyen a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional y a sus respectivos jefes, sostienen que los agentes han desplegado dispositivos de control de multitudes en respuesta a protestas violentas en las instalaciones de la agencia en Portland, que ha sido escenario de manifestaciones durante meses.
Ni ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron a solicitudes de comentarios sobre el fallo.
Los demandantes presentaron una solicitud actualizada para medidas cautelares a finales de enero, después de que los agentes lanzaran gases contra una multitud que incluía a menores y que las autoridades locales describieron como pacífica.
De los 237 residentes del complejo de viviendas asequibles, casi un tercio tiene 63 años o más, según documentos judiciales. El 20% de los departamentos están reservados para veteranos con ingresos bajos y el 16% de los inquilinos se identifican como personas con discapacidad.
El gobierno indicó en documentos judiciales que, en ocasiones, los agentes federales despliegan dispositivos de control de multitudes en respuesta a grupos “violentos, obstructivos o que invaden propiedades” o que no cumplen con las órdenes de dispersión.
También rechazó las afirmaciones de que se hayan violado los derechos constitucionales de los inquilinos señalando que, según ese argumento, “los agentes federales y estatales del orden violarían la Constitución cada vez que desplieguen dispositivos aerotransportados de control de multitudes que, de manera inadvertida, se desplacen hacia la casa o el negocio de alguien, incluso si el uso de tales dispositivos es, por lo demás, completamente legal”.
La orden judicial preliminar estará en vigor mientras avanza la demanda.
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